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Cárcel para los que abandonen a adultos mayores: diputada

La legisladora por el PES, Ana Perea, dijo que este sector de la sociedad es víctima de violencia que cobijaría intereses de diversas índoles, incluso patrimoniales

La legisladora por el PES, Ana Perea, dijo que este sector de la sociedad es víctima de violencia que cobijaría intereses de diversas índoles, incluso patrimoniales. Foto: Archivo Cuartoscuro


CIUDAD DE MÉXICO

Aquella persona que abandonase a un adulto mayor incapaz de atender sus necesidades básicas, purgaría una condena que alcanzaría desde un mes hasta los cuatro años tras las rejas: así lo propuso la diputada por el Partido Encuentro Social (PES), Ana Guadalupe Perea Santos, tras una tentativa de reforma al Artículo 335 del Código Penal Federal.

La legisladora señaló que adultos mayores padecen de abandono y violencia.

La funcionaria aseveró que el maltrato y la violencia para con este grupo de la sociedad representa un tema de significativa importancia para la agenda, que debe atenderse de manera pronta y expedita a fin de proteger los derechos de adultos mayores; anotó que la personas que infrinjan agresiones físicas y psicológicas deben ser castigadas.

Incluso, tras estos agravios pueden esconderse intereses patrimoniales por parte de las personas”: los adultos mayores son el sector de la sociedad que posee los índices de desarrollo más anímicos y socavados de México; este factor promueve pocas probabilidades de vivir una vejez digna, y disfrutar de los recursos con que se cuente.

Bajo la misma sintonía, la homóloga de Perea Santos por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mariana Trejo Flores, comentó que se deben aplicar múltiples modificaciones en pro de disponer de un Código Penal Federal que vele por la protección de la infancia y la adolescencia mexicanas, que pugne contra la prostitución infantil y la explotación sexual.

Una sentencia que vaya de los 14 a los 20 años se aplicaría para aquella persona que se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad de la que goza sobre un menor de edad”, y que se encamine en agredir los derechos humanos fundamentales de los mismos.

Como parte final de este protocolo de propuesta, ambas iniciativas se canalizaron a la Comisión de Justicia; pretenden que estas medidas doten de más y mejores herramientas a la autoridad competente, para que se blinden los derechos de los adultos mayores y de los menores de edad.


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