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CORRUPCIÓN Y ESPIONAJE

Samuel Hernández Apodaca

Es la segunda semana desde que nos enteramos que el gobierno de El Señor de Los Pinos espía a defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y abogados y hasta el momento no ha ocurrido nada. En otras democracias de verdadero Estado de Derecho, el responsable directo de la política interna hubiera renunciado para dar paso y no entorpecer las investigaciones, pero en el país de las maravillas la mejor defensa, es indignarse. ¿Cómo nos atrevemos a pensar que este gobierno espía a sus ciudadanos?

En otros países de democracia consolidada, el responsable de inteligencia dimite, para demostrar que no utilizará el aparato de gobierno para obstruir las investigaciones, pero en la democracia mexicana, el director del CISEN ni se inmutó, sabedor de que la impunidad es el símbolo del sexenio y que nada pasará. Al igual que el caso del procurador, quien de acuerdo con las investigaciones difundidas por The New York Times, la PGR también adquirió el malware pegasus.

Los discursos desde el Poder giraron en torno a que los afectados acudan a las instancias correspondientes, pero ¿Cómo acudir a la PGR si es a ella a quien se le señala de espiar? ¿Qué otras instancias tienen los afectados para hacer frente a este espionaje? Parece que Jacqueline Peschard, representante ciudadana en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, consideró que este sistema pudiera ser un espacio de eco para iniciar una investigación, no obstante, dicha propuesta no tuvo éxito.

Lo que pudo haber sido la verdadera prueba de independencia e imparcialidad del Sistema Nacional Anticorrupción, terminó siendo rechazada bajo el argumento de que no está probado que se haya espiado a los periodistas y activistas que denunciaron el acoso. Arely Gómez González –de 65 años– Secretaria de la Función Pública y una de las integrantes de dicho sistema, votó en contra de la propuesta de investigar, le acompañaron en esta votación, Francisco Javier Acuña Llamas –Zacatecano de 51 años– y presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además del auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal; Carlos Chaurand magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el representante del Consejo de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza.

Que todos los representantes de las instancias gubernamentales hayan echado por tierra la única voz de los ciudadanos en el Sistema Nacional Anticorrupción para investigar el espionaje, habla del interés por mantener la impunidad de dichas acciones; también ratifica la idea de lo ineficaz que puede ser este Sistema cuando quienes lo integran están para mantener el statu quo.

¿Es un acto de corrupción o no que las instancias gubernamentales hayan utilizado un programa destinado a espiar a delincuentes para hacerlo con periodistas, activistas y abogados? ¿De qué sirven este tipo de Sistemas “anticurrupción” cuando son creados para mantener todo igual? ¿Cómo instrumentar estos Sistemas cuando parece que todo está perdido? Gran tarea tenemos los ciudadanos para hacer efectivos estos espacios y evitar que terminen como escenario recreativo del gobierno en turno.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.


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Samuel Hernández Apodaca

Doctor en Derecho. Investigador, Columnista, Divulgador del conocimiento, Indispensable seguir a  PaideiaMX  y Revista Quaestionis.


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