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Corte notifica a Moreno Rivera su destitución como delegado de la V. Carranza

La SCJN le notificó la sentencia que ordena su consignación ante un juez federal por desobedecer una sentencia de amparo

Foto: archivo Cuartoscuro


CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó a Israel Moreno Rivera la sentencia que ordena su inmediata destitución, así como su consignación ante un juez federal por desobedecer una sentencia de amparo, por lo que este jueves dejó de ser el titular de la delegación Venustiano Carranza.

De acuerdo a fuentes judiciales, también se notificó la determinación de la Corte para que el anterior delegado, José Manuel Ballesteros López, quien actualmente se desempeña como diputado de la Asamblea Legislativa de la capital del país sea consignado.

El martes pasado el pleno de la SCJN destacó que la autoridad delegacional en Venustiano Carranza desacató la sentencia de amparo que ordenó el cumplimiento de orden del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para expedir a cuatro personas los nombramientos categoría de verificadores o inspectores.

Además, pagarles las diferencias de salario existentes entre las sumas que se les había pagado y las que correspondían por haber desempeñado las funciones de inspector o verificador, desde el 26 de noviembre de 2003 hasta la segunda quincena de marzo de 2005, así como las que se generaran con los incrementos al salario en fecha posterior a la cuantificada y hasta que se cumpliera el laudo.

Debe quedar inmediatamente separado de su respectivo cargo Israel Moreno Rivera, actual titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, así como también ordenar su consignación; al igual que a José Manuel Ballesteros López, titular anterior de dicha Delegación ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en turno”, sentenció el ministro Fernando Franco el martes pasado

El artículo 267 de la Ley de Amparo contempla que se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.


Excélsior

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