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Ley de seguridad Interior trata de reordenar la responsabilidad de las autoridades: Gil Zuarth

El senador panista afirmó que en estos momentos las corporaciones policíacas no pueden contra el avance de la delincuencia organizada en algunas entidades federativas.

Imagen: Notimex


CIUDAD DE MÉXICO

La Ley de Seguridad Interior trata de reordenar la responsabilidad de las fuerzas armadas y las corporaciones policíacas para el combate al narcotráfico, aseguró el senador panista Roberto Gil Zuarth.

En entrevista con Eduardo Ruiz Gil para Radio Fórmula, el legislador explicó que esta normativa tiene por objetivo determinar que el Ejército, la Marina y la Policía Federal podrán actuar contra la delincuencia organizada, de forma excepcional, y por un tiempo definido.

Recordó que la primera vez que se legisló en la materia fue en 2010, cuando se aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que avaló el Senado de la República pero se congeló en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, en 2013 se reabrió la discusión sobre la materia y durante dos años se ha trabajado con las fuerzas armadas, distintas fuerzas políticas y se construyó un modelo para que la Marina, la Policía Federal y el Ejército no hagan las tareas de seguridad pública de las corporaciones policíacas.

Gil Zuarth explicó que la diferencia básica entre seguridad pública e interior es que la primera se encarga de la prevención del delito común, mientras que la segunda se refiere a una amenaza o fuerza mayor que amenaza al Estado o a las instituciones.

"Por premisa, por principio, la actuación contra la delincuencia organizada le corresponde a las autoridades civiles o locales. Pero cuando no pueden, cuando no son suficientes sus acciones, el Estado mexicano puede llamar a las fuerzas armadas", detalló.

En este contexto, el senador indicó que actualmente ninguna policía civil tiene el armamento para combatir a la delincuencia organizada, por lo que hay dos posibilidades: se arma a los gendarmes con este tipo de armas o se reservan para las fuerzas federales.

Y para ello, agregó que se necesita una normativa que permita valerse de esta última posibilidad pero que se defina por cuánto tiempo y para qué se usará a los marinos y militares; definir el objetivo, y especificar las razones que justifican dicha decisión.


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